En el marco de la auditoría integral que lleva adelante la Secretaría Nacional de Discapacidad junto a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la ANSES, las autoridades nacionales dispusieron la interrupción preventiva del pago de 21.812 pensiones no contributivas por invalidez a nivel nacional tras detectar irregularidades administrativas e inconsistencias socioeconómicas.
Motivos de la suspensión y causales de revisión
El procedimiento de fiscalización se enmarca en la revisión sistemática del padrón nacional, buscando verificar si las prestaciones otorgadas continúan cumpliendo con las pautas legales vigentes:
- Incompatibilidades patrimoniales y laborales: la auditoría detectó titulares que superan los topes máximos de ingresos fijados por la normativa (equivalentes a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles) o que registran alta en el empleo formal o regímenes tributarios sin la correspondiente declaración.
- Falta de documentación médica: se registraron expedientes con falta de actualización del Certificado Médico Oficial (CMO) digital o inasistencias injustificadas a las citaciones previas de evaluación funcional.
Procedimiento y canales para solicitar la rehabilitación
Los beneficiarios alcanzados por la suspensión temporal dispondrán de un plazo reglamentario para regularizar su situación documental antes de que las actuaciones deriven en la baja definitiva de la prestación:
- Documentación a presentar: los titulares notificados deberán adjuntar DNI original, Certificado Médico Oficial actualizado, estudios clínicos recientes y acreditación de vulnerabilidad socioeconómica.
- Vías de atención habilitadas: el descargo puede radicarse en de forma presencial en las Unidades de Atención Integral (UAI) de la ANSES, en las dependencias de la Secretaría Nacional de Discapacidad o a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
- Efectos del trámite: el ordenamiento vigente especifica que la restitución del haber opera a partir de la aprobación del expediente y no genera liquidaciones retroactivas por los períodos que duró la suspensión preventiva.
